Sumergidos en un profundo estado de ansiedad miles de inmigrantes afectados por la terminación del Programa de Protección Temporal (TPS) para nicaragüenses y haitianos en Estados Unidos, han comenzado a poner la mirada en Canadá creyendo equivocadamente que ese país abrirá la puerta que el presidente Donald Trump cerró a los refugiados temporales .

En total se trata de unas 65,600 personas aproximadamente que ya han sido parte del primer mundo. Algunos con hijos norteamericanos y en su mayoría familias adaptadas al estilo de vida más anhelado en nuestro continente.

El común denominador entre esos 5,600 inmigrantes de Nicaragua y 60,000 de Haití es la convicción de que en su país les espera la incertidumbre y el desempleo, motivo por el cual gran parte de esas comunidades agotarán todos los recursos para permanecer legalmente en Norteamérica.

Canadá sabe que en medio de la desesperación muchos de esos extranjeros preferirán trasladarse al norte buscando refugio político, antes de avanzar una milla al sur de la frontera estadounidense.

La alerta sobre un posible éxodo de quienes no podrán renovar más el TPS en EE.UU. está encendida y el Gobierno de Ottawa, queriendo evitarlo, ha girado instrucciones a sus consulados en Estados Unidos, principalmente el de Florida, para que deje en claro a caribeños y centroamericanos que perder el TPS estadounidense no es motivo para recibir asilo político en Canadá.

Uno de los temores más grandes de las autoridades canadienses es que la confusión y la falta de información entre las personas con TPS los lleve a cruzar ilegalmente sus fronteras para solicitar refugio, tal como sucedió en el verano de 2017 cuando miles de haitianos llegaron de manera inesperada buscado asilarse.

En el verano pasado miles de haitianos llegaron ilegalmente a Canadá previendo que EEUU no renovaría su TPS, situación que mantiene en alerta al Gobierno de Quebec que quiere evitar cualquier éxodo de migrantes hacia su territorio.

En los últimos años las autoridades canadienses han aprobado el pedido de asilo de unos 70,000 haitianos, en su mayoría radicados en Quebec, ciudad francófona que pertenece a la provincia de Montreal, según cifras de la oficina del Censo de ese país.

Otro incidente que ha obligado el inmediato accionar de la diplomacia canadiense es el reciente desatino político del cónsul de Nicaragua en Miami, Luis Martínez.

El funcionario centroamericano dijo durante una entrevista radial que Canadá facilitaría alguna medida migratoria para ayudar a los nicaragüenses que perderán el TPS en enero de 2019, incluso habló de que se reuniría en breve con funcionarios de la nación norteamericana para que le informaran de los detalles del proyecto.

Más tarde se supo que Martínez habría mentido para frenar las fuertes críticas de sus conciudadanos en contra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al que acusan de no haber realizado esfuerzo diplomático alguno para evitar que EE.UU. cancelara el programa de protección a nicaragüenses.

La citada reunión por el cónsul centroamericano nunca se llevó a cabo. Sin embargo, la oficina de Inmigración, Refugio y Ciudadanía de Canadá (IRCC), decidió poner fin a todo tipo de especulaciones citando que “no tener o perder algún estatus migratorio en Estados Unidos, no es motivo para que aceptemos una solicitud de refugio en Canadá. Las personas que solicitan asilo deben demostrar que están huyendo de la persecución y necesitan la protección de Canadá”.

Ahmed Hussen – Foto: Tweete

“El sistema de asilo de Canadá debe encontrar un equilibrio entre proporcionar protección a aquellos que huyen de la persecución y asegurar que el sistema no sea mal utilizado por aquellos que no necesitan la protección de Canadá”, afirmó Ahmed Hussen, ministro canadiense de Inmigración.

Al contrario de lo que se podría pensar, el aumento en las peticiones de asilo en Canadá se está convirtiendo en un problema para los involucrados en el proceso. Durante los primeros cuatro meses de 2017, el número de casos pendientes se elevó de 24,000 a 28,500, 69% más que lo registrado en 2015.

La Comisión de Inmigración y Refugiados de Canadá (CISR), está tratando de reducir el atraso de 28,000 peticiones pendientes, pero los fondos destinados a la dependencia en el último presupuesto federal no son suficientes

De continuar esta tendencia a partir del 2019 los procesos de asilo en ese país podrían llegar a demorarse hasta 11 años y provocar un gasto de casi 3 mil millones de dólares canadienses a los contribuyentes.

Por ahora la CISR se estará concentrando en medidas que aceleren el trámite de refugio político a personas procedentes de países como Siria, Irak, Eritrea, Afganistán, Burundi, Egipto y Yemen, donde la violación a los derechos humanos es preocupante, aseguró un portavoz del Gobierno a Radio Canadá.

Esa dependencia ha creado un grupo especial de trabajo dedicado a resolver los expedientes que datan de antes de 2012 y que hasta abril pasado contabilizaban 5,500.

Paralelamente ese grupo estará haciendo una amplia revisión del proceso en general y se espera que entregue un informe para el verano de 2018.

En tanto, para los nicaragüenses y haitianos que están en la etapa agónica del TPS, sin posibilidades de regularizar su situación migratoria bajo algún otro programa, sólo queda la esperanza de que el proyecto de ley ASPIRE sea aprobado en Washington, o de lo contrario pasarán a ser indocumentados tan pronto se cumplan las fechas límite otorgadas a ambas comunidades por el Departamento de Seguridad Interior (DHS).